LA MARCHA HACIA LA DICTADURA

LA PRESIDENCIA DE BORDABERRY
Bordaberry provenía de una familia de grandes estancieros. Su padre Domingo Bordaberry había sido senador colorado y dirigente rural. Juan María Bordaberry había sido electo senador por el P. Nacional en 1963 e integró varias directivas de los gremios de propietarios rurales. En 1969 Pacheco lo había llamado para ocupar el Ministerio de Ganadería.
Al asumir la presidencia en marzo de 1972, la primer tarea encarada por el presidente fue logara una acuerdo con diversos sectores políticos de los partidos tradicionales para tener respaldo en el Parlamento. Contaba con el apoyo del pachequismo y de la lista 15 dentro del P. Colorado y logró un acuerdo con los sectores más conservadores del P. Nacional: los sectores de Etchegoyen , Matio Heber y Washington Beltrán. El acuerdo se hacía para obtener el apoyo a una serie de leyes dirigidas a profundizar las medidas económcas tomadas por Pacheco.
Un equipo de economistas provenientes de la lista 15, dirigida por Jorge Batlle, se encargó de la economía del nuevo gobierno.  Las primeras medidas fueron de ajuste: se aumentaron los precios y la inflación llegó al 94% mientras los salarios caían un 17% y las jubilaciones un 23%. Se elaboró una propuesta económica conocida como Plan Nacional de Desarrollo cuyos creadores más importantes eran los contadores Ricardo Zerbino y Alberto Bensión. El plan, que tenía una duración de cinco años, procuraba limitar la acción del estado, dar más participación a las actividades privadas y abrir la economía al exterior. Este plan fue la base del que después se instrumentó durante la dictadura.
Entre las características del gobierno de Bordaberry se destaca el incremento de la violencia tanto de la guerrilla como de la represión y de los grupos de derecha. El Parlamento, máximo representante del sistema político ante los ojos de la ciudadanía, se mostraba impotente para frenar el autoritarismo del gobierno. Era cada vez más evidente la división en dos sectores bien diferenciados: la mayoría del Partido Colorado, los sectores blancos herreristas y los sectores empresariales  por un lado; el frente Amplio, los sectores blancos encabezados por Wilson Ferreira Aldunate, un pequeño sector colorado (los batllistas radicales de Vasconcellos) y los sindicatos unidos en la CNT, por otro lado.
El enfrentamiento entre el MLN-T y el gobierno entró en una etapa de mayor intensidad. En abril de 1972 se dieron varios hechos que marcan la intensidad de la lucha y que tendrán importantes consecuencias:
12 de abril: fuga de tupamaros del Penal de Punta Carretas.
14 de abril: un comando tupamaro da muerte a varios militares y al ex-subsecretario del Ministerio del Interior Armando Acosta y Lara, a quienes acusaba de ser responsables de torturar a los detenidos. Como represalia las Fuerzas Conjuntas (las Fuerzas Armadas estaban participando en la lucha contra el MLN-T) allanaron varios locales donde se refugiaban integrantes del MLN-T y dieron muerte a ocho de ellos.
15 de abril: el Parlamento aprobó la suspensión de los derechos individuales y declaró el estado de guerra interno.
17 de abril: un grupo de soldados asaltó un comité del Partido Comunista y mueren 8 militantes de ese partido y un oficial de las FFAA.
El 18 de mayo el MLN-T atacó el domicilio el Comandante en Jefe del Ejército matando a cuatro soldados de guardia. El contraataque de las Fuerzas Armadas fue total: se reforzó la tortura para obtener informaciones, se creó un clima de guerra a través de comunicados por radio y televisión y unificó las acciones en su mando sin reconocer ninguna otra autoridad. La Fuerzas Armadas se habían vuelto autónomas, actuaban por su cuenta y al margen de la constitución.

EL AUMENTO DEL PODER MILITAR
Durante el último año del gobierno de Pacheco, en setiembre de 1971, se había dado participación  al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la lucha contra la guerrilla, formando las Fuerza Conjuntas. Esto dio un mayor protagonismo al ejército y a sus jefes en la toma de decisiones mientras se producía un retraimiento del poder civil. La tarea asignada a las fuerzas Conjuntas les permitió manejar un vasto caudal de información y trazar sus propios objetivos políticos.
¿Desde cuándo el Ejército tenía objetivos políticos propios? Los uruguayos consideraban que las fuerzas armadas no se inmiscuían en la política y estaban lejos de pensar en un golpe de estado o un gobierno militar como los que se daban en otros países de Latinoamérica. Se creía que Uruguay era una “excepción” entre los países latinoamericanos asolados por los permanentes golpes militares.
Sin embargo en el ejército se estaban desarrollando algunas ideas referidas a la “seguridad nacional” que tenían relación con la política. Oficiales de las Fuerzas Armadas de Uruguay concurrían a los cursos, conferencias, seminarios, etc organizados por el gobierno de EEUU. Este había diseñado la “doctrina de seguridad nacional” en el marco de la Guerra Fría con la URSS. Basada en “la doctrina Truman” (Harry Truman, presidente de EEUU entre 1945 y 1952, con el se inicia la guerra fría), veía a todos los conflictos locales como parte del conflicto mundial entre los dos bloques; la revolución cubana y las relaciones de Cuba con la URSS eran consideradas peligrosas por que abrían la posibilidad de que la URSS aumentara su influencia en América Latina.
La guerrilla tupamara y la formación de un frente de izquierda en el cual se encontraba el Partido Comunista, eran considerados elementos peligrosos para la seguridad nacional. El propio presidente Bordaberry en sus discursos se refería a un enfrentamiento entre el orden y la subversión, incluyendo dentro de este concepto no sólo al MLN-T sino a todos los sectores políticos, sindicales e intelectuales con los cuales discrepaba.
En julio de 1972 el Parlamento, con votos colorados y blancos, luego de intensos debates, aprobó la Ley de Seguridad del Estado. De acuerdo a su texto se consideraban como delitos militares ciertos delitos que hasta entonces eran competencia de los jueces comunes y se ampliaron las penas para esos delitos. El ejército desplazaba a la policía y a la justicia civil en la lucha contra la guerrilla y se encargaba del control de los detenidos. Estos ya no iban a estar en las cárceles comunes sino en dependencias militares.
El enfrentamiento con los tupamaros sirvió de excusa a las Fuerzas Armadas para justificar los desbordes autoritarios y ocupar espacios cada vez mayores. Se hicieron frecuentes las denuncias por torturas y detenciones sin pruebas. El Poder Ejecutivo respaldó el accionar militar y se produjo un enfrentamiento cada vez mayor con el Frente Amplio y los sectores blancos liderados por Ferreira Aldunate.


En octubre de 1972 la eficaz labor de las Fuerzas Conjuntas había liquidado al MLN-T. Sus principales dirigentes estaban encarcelados, incluyendo a Raúl Sendic, y sus locales clandestinos habían sido descubiertos. Fue también a `partir de ese mes de octubre que las fuerzas armadas mostraron su intención de desobedecer a la Constitución. Un primer hecho  que muestra esa intención fue el episodio en el que, frente a la resolución de un juez de liberar a cuatro médicos detenidos, los oficiales del cuartel donde estaban los prisioneros se negaron a cumplir la orden judicial. El Ministro de Defensa Augusto Legnani dio orden al Comandante del Ejército para que la orden se cumpliera pero los oficiales mantuvieron su negativa y recibieron el apoyo del Comandante de la Región Militar Nº 1 General Estaban Cristi.

LOS SUCESOS DE FEBRERO DEL 73
En febrero de 1973 se produjo otro hecho que marca el predominio de los militares. El Ejército y la Fuerza Aérea rechazaron la designación del Gral. Retirado Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. En un comunicado difundido por la cadena nacional de radios y televisión, el 8 de febrero, declaraban “desconocer las ordenes del Ministro Francese al mismo tiempo que sugerir al señor Presidente de la República la conveniencia de su relevo”. Era un desconocimiento a la autoridad del presidente.
La Armada, dirigida por el Vicealmirante Juan José Zorrilla, se mantuvo fiel al presidente y ocupó la Ciudad Vieja. El presidente Bordaberry buscó el apoyo de la ciudadanía y de los sectores políticos convocando a una manifestación frente a la casa de gobierno sin obtener resultado. El desprestigio que había generado su actuación hizo que su llamado no tuviera respuesta. La mayoría de los oficiales de la armada desconocieron la autoridad de Zorrilla y este debió renunciar, plegandose la marina al desconocimiento.
Los militares dieron a  conocer algunos comunicados donde planteaban la necesidad de acabar con la corrupción y tomar algunas medidas económicas reclamadas por la oposición: eliminar la deuda externa, aumentar el empleo, incentivar las exportaciones, aumentar la producción nacional, etc. Estos comunicados provocaron confusión sobretodo a nivel de la izquierda, porque el texto de los comunicados creó la expectativa de que había un sector militar “progresista”.  Algunos dirigentes de la Convención Nacional de Trabajadores procuraron una reunión con los militares para buscar puntos en común.
Por otra parte el líder del Frente Amplio, Liber Seregni, y el líder blanco Ferreira Aldunate, plantearon la necesidad de que Bordaberry renunciara a la presidencia.
La crisis de febrero fue resuelta cuando Bordaberry se reunió con los militares y accedió a su planteo retirando a Francese del Ministerio de Defensa. El acuerdo entre Bordaberry y los militares, conocido como el Pacto de Boizo Lanza por ser el nombre de la base de la Fuerza Aerea donde se reunieron, establecía además que las Fuerzas Armadas tenían la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional y podían participar en el gobierno. Para esto se creó un nuevo organismo, al margen de la Constitución, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) integrado por el Presidente, los ministros de Defensa, Interior, relaciones Exteriores, Economía, el director de la Oficina de Planeamiento, los Comandantes del Ejercito, la Armada y la Fuerza Aérea y el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas, cargo que en ese momento desempeñaba el General Gregorio Alvarez.

LA DISOLUCIÓN DE LAS CAMARAS
Los sucesos de febrero se pueden considerar como un golpe de estado, ya que los militares habían desconocido la Constitución y posteriormente de acuerdo con el presidente habían creado un organismo donde gobernaban junto con las autoridades constitucionales. Era la culminación de una carrera hacia el autoritarismo, donde no sólo participaban militares, sino también civiles. Entre febrero y junio, los jefes militares y los civiles partidarios de una solución autoritaria, prepararon el camino para terminar con lo que aún quedaba de la Constitución.
El marzo el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto declarando el “estado peligroso” que acentuaba el uso de la represión. Si bien consideraba que “militarmente la subversión ha sido derrotada”, sostenía que había otras fuentes de subversión que debían ser eliminadas. El proyecto levantó protesta en los sindicatos y en la oposición.
A fines de abril Bordaberry envió al Senado un pedido de desafuero para el senador frenteamplista Enrique Erro a quien un juez militar quería juzgar por supuestos contactos con integrantes del MLN-T. El asunto comenzó a ser estudiado por el senado mientras se sometía a Erro a una permanente vigilancia y persecución.
El Senado rechazo el pedido de desafuero. En junio el presidente implantó las medidas de seguridad y detuvo al presidente del Directorio del Partido Nacional, Capitán retirado Omar Murdoch.
El 27 de Junio el Poder Ejecutivo decretó la disolución del Parlamento y de las juntas Departamentales, estableció la censura de la prensa y limitó el derecho de reunión. Con estos hechos se completaban la marcha hacia la dictadura.
La Convención Nacional de Trabajadores resolvió hacer una huelga general por tiempo indeterminado para detener el golpe y se produjeron manifestaciones de protesta. Pero el Poder Ejecutivo mantuvo el control de la situación. Poco después comenzó la detención de todos aquellos que el régimen consideraba peligrosos para su mantenimiento.
Wilson Ferreira Aldunate, que había votado en el Parlamento la Ley de Seguridad del Estado que dio amplios poderes a los militares, reconoció luego: “Nos equivocamos. Les dimos poderes (a los militares) que no se usaron para aquello que se pidieron... Quizás hayamos olvidado que para imponer la libertad, el arma más poderosa que el hombre ha inventado es la propia libertad”.